Se logró acuerdo por servicios mínimos

El arreglo se consiguió luego de un arduo trabajo de análisis técnico y negociaciones con la administración que incluyeron tratativas con los gerentes de las diversas áreas divisionales.

El sindicato de Profesionales de División Ministro Hales llegó a acuerdo con la administración divisional por los servicios mínimos, el que contempla aproximadamente un 9% de la dotación total de supervisores y profesionales para labores esenciales del yacimiento, la firma se oficializó  recientemente.

Tal como comentaron los dirigentes del gremio, hubo reuniones con las principales gerencias para examinar y argumentar qué labores específicas deben continuarse, incluso ante la posibilidad de una huelga, teniendo como finalidad resguardar las instalaciones e impedir riesgos ambientales y de infraestructura en el yacimiento.

Nelson Contreras, secretario del Sinpro DMH (Sindicato de Profesionales de la División Ministro Hales), explicó que se busca mantener solo sistemas mínimos funcionando “para que no se dañen las instalaciones y se afecte el yacimiento”.

El dirigente aseguró que esto responde a una labor desarrollada durante varios meses con los distintos gerentes de las División, con quienes se revisó los aspectos técnicos de cada área; “fue un análisis bien técnico respecto a los servicios mínimos” el cual se efectuó teniendo presente que no se vulnerará el derecho a huelga que les asiste en cualquier negociación, puntualizó.

La definición de los servicios mínimos es una exigencia contenida en la nueva normativa laboral y que se define como “aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio de una empresa que, sin menoscabar en su esencia el derecho a huelga, conforme al tamaño y característica de la empresa, establecimiento o faena, deben ser atendidas durante el desarrollo de una huelga, cuando resultan estrictamente necesarias para proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes; garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población, incluidas aquellas relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios.”